REFORMA LOCAL: LA LEY Y LA NADA

Me entretengo en esta mañana anodina en repasar los programas nacionales de reformas elaboradas por el gobierno de España para los años 2012 y 2013, en un momento en que cada viaje a Bruselas era un martirio para un país con la prima de riesgo por encima de los 500 puntos y los severos alemanes urgían reformas a gritos.

 Son los típicos mamotretos redactados por los segundos niveles de los ministerios a propuesta de sus titulares, requeridos estos a su vez por la vicepresidenta en Consejo de Ministros. Apremiada esta, dicho sea de paso, por las instancias comunitarias que tuvieron que lidiar con lo más duro de la crisis del euro en esos turbulentos meses en los que se clamaba por reformas inmediatas y cuantificadas para taponar la brecha del déficit desbocado.

Como siempre, cuando uno lee un documento de compromisos, dos años después de su redacción, se topa con un listado de tareas que prometen ingentes ahorros para la corrección del déficit.  El redactor, presionado por el ministro, no escatima en sus previsiones. El papel lo aguanta todo, y los memorándum de intenciones permiten poner negro sobre blanco grandiosos objetivos que se van a conseguir a golpe de simple proyecto de ley.

Y allá va el legislador. Libro blanco de por medio, comisión de expertos para tecnificar intenciones y texto articulado que solventa por arte de magia los males de siglo y medio de caos, por ejemplo, en materia de administración local.

No alcanzo a reconocer de donde viene la pasión legisladora de la política española. Quizás venga del secreto orgullo de que un texto normativo perpetúe el apellido de uno (ley Corcuera, ley Moscoso, ley Sinde) más allá del paso por el ministerio.

El legislador se sumerge en una plantilla previa -exposición de motivos, principios generales, órganos de interlocución de grandilocuente nombre, un par de fondos instrumentales de subvenciones, listado de materias y un capítulo de infracciones y sanciones- para afrontar la materia con un flamante texto articulado al que se bautiza de forma beatífica.

Por ejemplo, «Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local».

Nadie puede resistirse ante una ley que incluye términos tan de sentido común como racionalizar y sostener. Así se bendice un texto llamado a ser la panacea del maltratado ámbito local español, y pórtico de gloria para hacer realidad esa sentencia tan de Rajoy que tan bien entra por los oídos de los cabreados españoles: una administración, una competencia.

Luego llegan los jarros de agua fría. Los ahorros prometidos no se terminan de ver, aunque eso tampoco importa mucho si Bruselas pone el foco en otro paria; que las miserias ajenas esconden las propias. O los gobiernos autonómicos, desmantelando el espíritu de la ley, por ejemplo blindando competencias que no quieren, por costosas, incómodas y poco atractivas.

 Nunca olvidaré la cara de espanto de algún consejero de bienestar social cuando le decía que el Pacto Local debía incluir una transferencia de servicios de lo local a lo autonómico que tenía que sufragar su departamento. Gesto de pánico, que las competencias las carga el diablo. «Bonitas y lucidas, las quiero. Las desagradables, que las presten otros», me decía.

En España se sigue creyendo en el poder de legislar con la misma fé con la que se cree en el poder del sanador que impone sus manos para curar males del alma. Y el problema no es la carencia de un marco legislativo, sino la depreciación acelerada del concepto de la propia ley.

El ciudadano necesita creer que una ley tiene la fuerza mental y el poder material que su solo nombre -ley- implica. Y que nos somete a todos por igual a su imperio, sin puertas traseras ni disposiciones arteras.

Se trata de ejecutar lo que dispone, de que sea eficaz, que no tenga cláusulas de escape que desvirtúen sus efectos y permitan que la temida arbitrariedad vuelva a hacer de la seguridad jurídica en España una quimera que conduce a laberintos judiciales y da vía libre a conseguidores encargados de gestionar procesos complejos con una frase del tipo «esto lo desbloqueo yo con una llamada».

 Si además no tiene fondos que hagan posibles los principios que positiviza -dependencia, violencia de género, garantías sanitarias, calidad educativa- estará destinada a morir casi al día en que fue alumbrada en un celebrado parto parlamentario que pontifica el BOE.

Obviamente la Ley local del gobierno ni sostiene ni racionaliza. Intenta taponar torpemente lo que considera como un gasto innecesario cuando, de existir,  el mismo se radica en la pervivencia de otras administraciones clientelares decimonónicas, y no en el cierre de consultorios locales.

Pero, además de ser una ley perversa e ineficaz, revela lo peor del caudillaje legislativo hispánico. Ese que asocia el éxito político a la existencia de un texto articulado, convertido en panacea sanadora de males complejos a base de palabras que, sólo por quedar impresas en el BOE, van a curar enfermedades que hunden su raíz en algo mucho más profundo que la inexistencia de un marco legislativo.

Ni más ni menos que en la devaluación del concepto de ley y la sensación generalizada entre la gente, que sólo con palabras no se solventan los males que aquejan a un país que se engaña a sí mismo a base de leyes que ni regulan, ni se obedecen, ni se aplican. Y que no son iguales para todos.

Contra la reforma local, basta con ser demócrata.

En estos tiempos en que lo público se asocia con conceptos como «política», «políticos», «gasto», «despilfarro», «corrupción» o «duplicidad», bautizar iniciativas legislativas como la que envuelve la mal llamada reforma local nace de una estrategia simplificadora del lenguaje. A fin de cuentas, pocos se leen los proyectos de ley. Ni siquiera los que los critican, que no van más allá del argumentario prefabricado  y que pecan del uso y abuso de conceptos difusos y amortizados, como el de municipialismo, en el que todo el mundo dice militar pero que nadie sabe definir.

Como en otras ocasiones, -me vienen a la memoria los casos de la Ley de Calidad de la Enseñanza o la Ley de Estabilidad Presupuestaria- el Partido Popular vuelve a interiorizar, en un ejercicio de cinismo digno de ser reconocido, las teorías expuestas por Lakoff en torno al uso –o el secuestro del lenguaje- para colonizar términos que acaban siendo patrimonio de una Derecha mucho más avezada que la Izquierda en estos terrenos: simplificar el mensaje para hacerlo atractivo.

Racionalizar y Sostener, figuran en el encabezado de la Ley que se tramita hoy en el Congreso.

Dos términos para una falacia y una coartada para una poda en toda regla, no del gasto, sino de la democracia local.

El primero nos remite a una irracionalidad previa, como si lo que envolviese al gobierno local fuese obra de una demencia colectiva responsable de todos los desequilibrios económicos que asolan al país, cuando en realidad, por citar una cifra, los gobiernos locales son responsables del 0,2% de la cifra global de todas las administraciones públicas. Lo dice la Moncloa, por cierto.

El segundo, sostenibilidad, nos induce a pensar en lo inviable e insostenible de un sistema local abocado al fin apocalíptico, en forma de quiebra económica o suspensión de la prestación de servicios básicos como el suministro eléctrico en las calles o la calefacción en los colegios. Y bajo esta premisa, el proyecto de ley estampa en su portada la idea de una redención salvadora para garantizar la supervivencia de los ayuntamientos

Lakoff habló en su día de la dificultad de los demócratas en EEUU bajo el mandato de Bush para oponerse a iniciativas presidenciales que, al calor de la lucha contra el terrorismo, se presentaban a la sociedad norteamericana como una oferta de todo o nada. Si se estaba, por ejemplo en contra de la Patriot Act, que recortaba derechos cívicos bajo la excusa de la amenaza de Al Quaeda, se era un antipatriota.

 Con las mismas, aunque de forma un tanto más burda, el gobierno de Rajoy presenta esta iniciativa bajo el mismo patrón de simplificación del lenguaje. Atar en corto a los alcaldes manirrotos, poner coto al despilfarro de políticos locales subidos al coche oficial o devolver los galones a los habilitados nacionales para extender los tentáculos de la Moncloa hasta la fiscalización de lo que un ayuntamiento se gasta en fiestas, se presenta a la sociedad con el mismo ánimo redentor con el que una nueva Inquisición se enfrenta a las perversiones de nuestro sistema local.

En esencia, el lenguaje al servicio de la mentira.

La perfecta coartada de esta mentira es investir de autoridad reforzada a las diputaciones provinciales, nuevos guardianes de la esencia del austericidio local. Una administración, la provincial que siempre cayó bien a una derecha complacida con sus hechuras, diseñadas para que los caciques repartieran dádivas y controlaran los destinos de la España interior desde las capitales de provincia.

Y contra la que la izquierda, una vez tuvo oportunidad, no supo articular un discurso coherente con sus valores.  Valores que, por ejemplo, confrontan con el enorme déficit democrático de unas corporaciones que gestionan miles de millones sin mandato electoral directo de los ciudadanos. Que no recaudan impuestos propios –no son fiscalmente corresponsables- y que por tanto no se exponen al coste político de la toma de decisiones difíciles que son patrimonio del alcalde que sube el IBI o las tasas de servicios locales para sostener un taller de empleo en su pueblo.

Me remito a lo ya dicho en este blog sobre las diputaciones y su razón de ser.

Prefiero guardar el espacio que me queda en este post a señalar, una vez más, la necesidad de separar el grano de la paja.

Porque es cierto que en el ámbito local se han cometido excesos, fundamentados a lomos de una burbuja que embaucó a corporaciones enteras en proyectos y fastos que proveían nuevos servicios públicos de coste insostenible. Se pasó de la garantía de los servicios básicos de la amortizada Ley de Bases a la casi obligada prestación por parte de los ayuntamientos de una nueva cartera de prestaciones que incluía instalaciones deportivas, fastuosas instalaciones culturales o fiestas de relumbrón que exigían un umbral de gasto corriente en el que muy pocos repararon.

Es cierto que el  sobredimensionamiento de las estructuras locales, con empresas instrumentales o la proliferación de cargos de confianza, daña la credibilidad de una administración que siempre fue mejor valorada que la autonómica o la estatal.

Y es cierto que se necesita racionalizar y modernizar el gobierno local, pero siempre bajo parámetros inclusivos y no  con intereses ocultos, que buscan laminar, por ejemplo,  la prestación de servicios sociales, modélica en el ámbito local, como muy bien afirma la Consejera de la materia en Castilla y León.

Yo no soy municipalista. Detesto el uso de tal terminología, por la misma razón por la que critico en la derecha la apropiación de términos como constitucionalista. A la reforma local de este gobierno no se puede responder con el mismo catálogo de simplificaciones del lenguaje del que hacen gala.

Me basta con definirme como demócrata para rechazar un proyecto de ley que –ahora soy yo el que comete el pecado de simplificar- hubiera puesto en manos del Carlos Fabra o el Jose Luis Baltar de turno la prestación (y contratación) del servicio de basuras de un pueblo de Castellón o de Orense.

 

 

Reforma local (II): competencias locales y provinciales

Si ayer nos centramos en el suculento papel que la reforma local que prepara el gobierno deparaba para las diputaciones provinciales, hoy quería repasar, de forma somera, lo que dice la reforma sobre las competencias municipales, sobre lo que tienen  y no tienen que hacer los ayuntamientos y la provincia.

Huyendo de tecnicismos, parto de una distinción que no todo el mundo tiene suficientemente clara, fuente de confusiónl en este terreno. No se tiene un competencia per se. Lo que se tiene es cierto grado de competencia sobre un ámbito material concreto, y es en ese ámbito, donde el legislador, autonómico y estatal, puede concretar -con tal o cual grado o intensidad- la forma en que interviene el ayuntamiento sobre una cierta materia. Y es que  la competencia es la medida de la potestad, el alcance de la acción de gobierno sobre una materia concreta: cuánto puede hacer uno sobre algo y qué herramientas puede emplear para ello.

Si hago esta salvedad inicial, es porque el municipalismo irredento ha confundido estos términos, contribuyendo a llenar una reivindicación justa, asociada a la carestía de recursos y la indefinición de las fuentes de financiación de los ayuntamientos, de un tono copado por muchos demagogos al grito de las competencias impropias ejercidas, con una merma cuantificada en el 30% del presupuesto municipal.

El rigor en la reivindicación nos puede colmar de razón en una demanda. Su ausencia, nos resta credibilidad.

El marco competencial de los ayuntamientos, tanto en la vigente ley como en el texto del anteproyecto, se articula en tres bloques:

1.- art. 25.1, cláusula de competencia universal.-  se mantiene inalterado en el anteproyecto el célebre pórtico competencial que habilita al municipio a actuar casi en cualquier materia, bajo la pintoresca justificación de la satisfacción del interés de la comunidad vecinal. Lo pintoresco no es la formulación en sí, sino que se mantenga como tal en un texto que se “vende» como la quintaesencia de la concreción competencial.

2- art. 25.2, competencial locales.- amplio catálogo de materias, más concreto en el anteproyecto, sobre el que el ayuntamiento podrá ejercer ciertas competencias que quedan sometidas a lo que disponga el legislador sectorial estatal y autonómico. La ausencia de cautelas en este ámbito es responsable, entre otros del calvario económico ocasionado por figuras endiabladas, como los famosos convenios de financiación tan decreciente que termina en cero euros.

3.- art.26, servicios obligatorios.– catálogo de servicios de obligada prestación, estandarizados por población, que siguen el mismo esquema que en la norma vigente, con alguna actualización políticamente relevante en el terreno de los servicios sociales, por ejemplo.

Interesa decir respecto a lo ya expuesto, que no hay ningún cambio sustancial en el sistema, más allá de la mayor concreción del art. 25.2. Pero el sistema, en conjunto, sigue siendo igualmente indefinido y mantiene las mismas vías de escape para el ejercicio de actividades difusas al amparo de la débil cobertura que en último término proporciona el artículo 25.1

Lo más significativo de la propuesta de reforma en este ámbito, se encuentra en el artículo 26.2, en el que se establece, como coartada para la asunción de un servicio local obligatorio por parte de una diputación provincial, una estandarización que el legislador entrega al ejecutivo, para que este, mediante real decreto (¿?) diga cómo se deben prestar tales servicios, dejando a continuación expedita la entrada a la diputación provincial para que sea ésta, la que asuma la titularidad de la competencia para prestar tal o cual servicio que no se ajuste a dichos estándares que, repetimos, define el gobierno por decreto, y no el parlamento mediante ley.

Por último, el párrafo 4 del artículo 26, en un extraño ejercicio de clarividencia al respecto, define los ámbitos materiales sobre los que se despliega, de forma preferente, el manto protector del gobierno provincial, convertido de este modo  en prestador subsidiario del núcleo esencial de los servicios obligatorios municipales.

Bastante divagamos ayer sobre la cuestionable legitimidad democrática de un gobierno, el de la diputación, que no es elegido directamente por el ciudadano. Baste señalar que el texto de la reforma dedica escasas líneas al título III de la vigente ley, el dedicado a la provincia. Y sólo lo hace para concretar con más claridad un catálogo de competencias provinciales sustancialmente inalterado.

En este terreno, lo interesante de la reforma no es tanto lo que dice, sino lo que mantiene con su silencio, especialmente significativo a la hora de abordar lo relativo a instrumentos obsoletos de planificación de infraestructuras superados por el tiempo, como los planes provinciales de obras y servicios. Que la redacción de este apartado permanezca inalterada es una prueba evidente de la intención de un legislador más preocupado por la creación de un potente sector local estandarizado a través de la articulación de nuevos oligopolios empresariales enraizados en el ámbito provincial, que de impulsar mecanismos novedosos para introducir a las diputaciones en el siglo XXI.

En un momento de cambio y adaptación impuesta por la crisis económica, la apuesta por figuras superadas por el tiempo y centradas en un modelo productivo generador de más gasto en el ámbito local, como el que se cimenta en torno a los planes provinciales, revela cuánto hay de artificioso en el reiterado impulso reformista del gobierno.

Para cerrar el círculo del absurdo, el mantenimiento de un ámbito competencial provincial fundamentado en la satisfacción de los intereses peculiares de la provincia, dejando  inalterado artículo 36.1 e),  consagra el modelo político de diputaciones descubridoras de competencias tan sui géneris como las que conducen a las pistas del aeropuerto de Castellón…¿acaso aquí no son necesarias las prevenciones que sí despiertan los ayuntamientos?

Pese a que el texto tiene algunas mejoras en lo relativo a garantizar, por ejemplo, que la delegación de competencias en los municipios se ajuste a una evaluación previa y rigurosa del coste en el proceso de transferencia, el sentido global de la reforma queda totalmente desdibujado por el texto en su conjunto, repleto de carencias y profundamente regresivo.

Carencias que  lo convierten en una coartada para articular un desapoderamiento del suelo competencial básico de los ayuntamientos a favor de otras instancias, por medio de vías subrepticias, como decretos de estandarización y el reconocimiento de una titularidad competencial subsidiaria de una diputación para la prestación de servicios públicos básicos.

Se trata por tanto, de una ley que no clarifica el marco competencial de los ayuntamientos. Y que, al intentar hacerlo dando entrada a las diputaciones provinciales, magnifica el papel de las mismas y disfraza de falsa austeridad los argumentos esgrimidos para transferir el poder a instancias políticamente más controlables y previsibles que los ayuntamientos.

Una reforma en definitiva, con poco sentido para un momento en el que un auténtico afán reformista no debería ocultarse tras cifras grandilocuentes que buscan la comprensión ciudadana a golpe de titular.

 

 

Reforma local: entre la torpeza y el parche populista

Tertulianos, políticos y economistas alimentan de un tiempo a esta parte el asunto de la estructura territorial de nuestro país como una reedición del famoso debate sobre el orteguiano “Ser de España”. Aunque con menos filosofía que nuestros ancestros y más motivación económica en tiempo de reformas hacia ninguna parte.
Especialmente activo ha sido el debate sobre la reforma de la administración local que Rajoy escenificó entre un tumulto de medidas de diverso pelaje con las que buscaba la complacencia palaciega del eje Bruselas-Francfort-Berlín: anuncios sobre anuncios en los que se anuncian nuevos anuncios de recortes anunciados para cumplir los objetivos de déficit anunciados…y prometidos.
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