Contra la reforma local, basta con ser demócrata.

En estos tiempos en que lo público se asocia con conceptos como «política», «políticos», «gasto», «despilfarro», «corrupción» o «duplicidad», bautizar iniciativas legislativas como la que envuelve la mal llamada reforma local nace de una estrategia simplificadora del lenguaje. A fin de cuentas, pocos se leen los proyectos de ley. Ni siquiera los que los critican, que no van más allá del argumentario prefabricado  y que pecan del uso y abuso de conceptos difusos y amortizados, como el de municipialismo, en el que todo el mundo dice militar pero que nadie sabe definir.

Como en otras ocasiones, -me vienen a la memoria los casos de la Ley de Calidad de la Enseñanza o la Ley de Estabilidad Presupuestaria- el Partido Popular vuelve a interiorizar, en un ejercicio de cinismo digno de ser reconocido, las teorías expuestas por Lakoff en torno al uso –o el secuestro del lenguaje- para colonizar términos que acaban siendo patrimonio de una Derecha mucho más avezada que la Izquierda en estos terrenos: simplificar el mensaje para hacerlo atractivo.

Racionalizar y Sostener, figuran en el encabezado de la Ley que se tramita hoy en el Congreso.

Dos términos para una falacia y una coartada para una poda en toda regla, no del gasto, sino de la democracia local.

El primero nos remite a una irracionalidad previa, como si lo que envolviese al gobierno local fuese obra de una demencia colectiva responsable de todos los desequilibrios económicos que asolan al país, cuando en realidad, por citar una cifra, los gobiernos locales son responsables del 0,2% de la cifra global de todas las administraciones públicas. Lo dice la Moncloa, por cierto.

El segundo, sostenibilidad, nos induce a pensar en lo inviable e insostenible de un sistema local abocado al fin apocalíptico, en forma de quiebra económica o suspensión de la prestación de servicios básicos como el suministro eléctrico en las calles o la calefacción en los colegios. Y bajo esta premisa, el proyecto de ley estampa en su portada la idea de una redención salvadora para garantizar la supervivencia de los ayuntamientos

Lakoff habló en su día de la dificultad de los demócratas en EEUU bajo el mandato de Bush para oponerse a iniciativas presidenciales que, al calor de la lucha contra el terrorismo, se presentaban a la sociedad norteamericana como una oferta de todo o nada. Si se estaba, por ejemplo en contra de la Patriot Act, que recortaba derechos cívicos bajo la excusa de la amenaza de Al Quaeda, se era un antipatriota.

 Con las mismas, aunque de forma un tanto más burda, el gobierno de Rajoy presenta esta iniciativa bajo el mismo patrón de simplificación del lenguaje. Atar en corto a los alcaldes manirrotos, poner coto al despilfarro de políticos locales subidos al coche oficial o devolver los galones a los habilitados nacionales para extender los tentáculos de la Moncloa hasta la fiscalización de lo que un ayuntamiento se gasta en fiestas, se presenta a la sociedad con el mismo ánimo redentor con el que una nueva Inquisición se enfrenta a las perversiones de nuestro sistema local.

En esencia, el lenguaje al servicio de la mentira.

La perfecta coartada de esta mentira es investir de autoridad reforzada a las diputaciones provinciales, nuevos guardianes de la esencia del austericidio local. Una administración, la provincial que siempre cayó bien a una derecha complacida con sus hechuras, diseñadas para que los caciques repartieran dádivas y controlaran los destinos de la España interior desde las capitales de provincia.

Y contra la que la izquierda, una vez tuvo oportunidad, no supo articular un discurso coherente con sus valores.  Valores que, por ejemplo, confrontan con el enorme déficit democrático de unas corporaciones que gestionan miles de millones sin mandato electoral directo de los ciudadanos. Que no recaudan impuestos propios –no son fiscalmente corresponsables- y que por tanto no se exponen al coste político de la toma de decisiones difíciles que son patrimonio del alcalde que sube el IBI o las tasas de servicios locales para sostener un taller de empleo en su pueblo.

Me remito a lo ya dicho en este blog sobre las diputaciones y su razón de ser.

Prefiero guardar el espacio que me queda en este post a señalar, una vez más, la necesidad de separar el grano de la paja.

Porque es cierto que en el ámbito local se han cometido excesos, fundamentados a lomos de una burbuja que embaucó a corporaciones enteras en proyectos y fastos que proveían nuevos servicios públicos de coste insostenible. Se pasó de la garantía de los servicios básicos de la amortizada Ley de Bases a la casi obligada prestación por parte de los ayuntamientos de una nueva cartera de prestaciones que incluía instalaciones deportivas, fastuosas instalaciones culturales o fiestas de relumbrón que exigían un umbral de gasto corriente en el que muy pocos repararon.

Es cierto que el  sobredimensionamiento de las estructuras locales, con empresas instrumentales o la proliferación de cargos de confianza, daña la credibilidad de una administración que siempre fue mejor valorada que la autonómica o la estatal.

Y es cierto que se necesita racionalizar y modernizar el gobierno local, pero siempre bajo parámetros inclusivos y no  con intereses ocultos, que buscan laminar, por ejemplo,  la prestación de servicios sociales, modélica en el ámbito local, como muy bien afirma la Consejera de la materia en Castilla y León.

Yo no soy municipalista. Detesto el uso de tal terminología, por la misma razón por la que critico en la derecha la apropiación de términos como constitucionalista. A la reforma local de este gobierno no se puede responder con el mismo catálogo de simplificaciones del lenguaje del que hacen gala.

Me basta con definirme como demócrata para rechazar un proyecto de ley que –ahora soy yo el que comete el pecado de simplificar- hubiera puesto en manos del Carlos Fabra o el Jose Luis Baltar de turno la prestación (y contratación) del servicio de basuras de un pueblo de Castellón o de Orense.

 

 

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