La Constitución acartonada

Hoy, por primera vez en la historia reciente de nuestra democracia, parece haber una coincidencia generalizada en la necesidad de reformar la Constitución. Ya no son cuatro partidos nacionalistas, o la izquierda más genuina la que abogan abiertamente por la reforma de la Carta Magna. Parece haber consenso general en la necesidad de actualizar una norma que, como toda obra humana, y que encima reviste la forma de texto legal articulado, envejece como todo en la vida.

Y hay muchas formas de envejecer. Con la digna prestancia del sabio que adquiere un respeto creciente o con la decrepitud acelerada de quien se empeña en negar su posición de preeminencia.

La historia del constitucionalismo español en la historia de una frustración secular. El discurso más extendido, el relato que avaló el hasta hace poco incuestionado éxito de la Constitución del 78, era el del consenso de facciones que voluntariamente cedían en determinadas parcelas en aras del bien común. La construcción de un documento de mínimos aceptables para todos y la aceptación de que ninguno podía quedar enteramente satisfecho a la hora de ver plasmado en el documento final el máximo de las aspiraciones de cada parte. Una historia, en definitiva, de logros compartidos y renuncias mutuas.

Pero lo cierto es que algunos renunciaron más que otros. La historia de la Transición, tal y como ha sido construida por sus relatores a posteriori, es la de un abrazo colectivo y un entierro del hacha de guerra que los españoles llevaban blandiendo con brío desde el 36 y más atrás, en una confrontación fratricida y secular sostenida por hombres empeñados en matarse a garrotazos, como retratara genialmente Goya. Pero la otra historia, la meramente factual, la que no se construye con visiones más o menos consensuadas, nos habla de una generación alienada de los mitos transicionales.

Una generación no tiene por qué votar la misma Constitución en referendum cada veinte años. Pero al menos sí tiene que tener las garantías de que su modelo de convivencia, el que se detalla en el texto articulado que define los poderes del estado y plasma incluso la primacía de los valores socialmente admitidos como dignos de tener una especial protección, puede ser sujeto a reforma sin que se produzcan traumas ni tremendistas apelaciones a la estabilidad política.

Es sintomático que las dos veces en que hemos modificado la Constitución los españoles, la exigencia haya venido de allende las fronteras. Porque así llegó la reforma del 92, cuando el Acta Única Europea allanó el camino a la reciprocidad de voto en las elecciones locales de ciudadanos de la UE, y posteriormente la malhadada reforma de aquél verano de 2011, la del famoso artículo 135.

Si la primera de aquéllas reformas se envolvió en el halo positivo del europeísmo optimista y frenético de los 90, la segunda descansa en la eventualidad de una crisis que consagró un derecho de los acreedores a ser pagados de forma preferente por un estado que se veía así privado de uno de los elementos definitorios de su autonomía política futura. La de decidir qué se puede hacer o no con el dinero de sus contribuyentes.

Ambas reformas como es obvio, tienen en común el padrinazgo europeo. Nitidamente político en el primer caso, y marcadamente económico en el segundo. Pero no nacieron strictu sensu, de una voluntariedad inequívoca de los españoles por la reforma de una norma que, a fuerza de santificar, hemos convertido en un conjunto acartonado de dogmas que casan mal con la realidad que pretenden regular.

Sería conveniente advertir que la esencia del constitucionalismo sigue siendo la misma hoy en día que en el pasado. Que es preferible extender el manto beatífico de su padrinazgo sobre una comunidad lo más amplia posible, para que nadie pueda decir que tal o cual constitución no es la suya porque no recoge el cien por cien de sus postulados.

Y es que a mí también me gustaría tener una Constitución que consagrase el derecho de los españoles a decidir la forma de estado. Es más, me gustaría tener una constitución republicana para una República en la que sigo creyendo por principio y convicción absoluta. También me gustaría que consagrase la garantía absoluta de los derechos básicos que definen una vida digna, y que se elevase el rango de protección de alguno de ellos para evitar tropelías como las padecidas en estos años de cuestionamiento del estado social y democrático de derecho, definición que abre el pórtico de nuestro texto constitucional y que casa mal con lo visto en estos años de plomo.

También quisiera una garantía nítida de la autonomía local, que preservase el poder municipal libre de injerencias intervencionistas de otros niveles de gobierno que confunden con bastardas intenciones los ámbitos competenciales con las jerarquías de partido. Que la reforma sacase a las diputaciones de la Constitución y consagrase su pervivencia a la ley de bases o que el Senado fuera objeto de una reformulación tan radical como inmediata.

Pero es obvio que la realidad impide alcanzar la totalidad de tales anhelos, con muchos de los cuales habrá quien lícitamente, esté en desacuerdo profundo.

La virtud, por tanto, exige no confundir el deseo con la realidad. El primero conduce a la frustración de un relato de fracaso continuado, puesto que la segunda marca los límites invisibles a las ensoñaciones de reforma. Si, por ejemplo, se intentase encontrar un mínimo común entre todos los partidos que proclaman, ahora en campaña, su voluntad de reforma, tendríamos muchas dificultades para encontrar tal suelo común.

Conviene, por último, recordar a los ciudadanos que no es la Constitución la que garantiza su bienestar futuro. Sino el buen gobierno. Y este puede ejercerse en marcos normativos mejorables, tanto como el mal gobierno se puede extender en arquitecturas legales impolutas.

Hoy la reforma de la Constitución ya no es un tabú, sino una necesidad que no puede esconderse en medio de excusas de falta de tiempo y ausencia de consenso. El nivel de deterioro de la credibilidad de las instituciones que miden la salud global del sistema es tan decrépito, que no caben más apelaciones malabares ni juegos florales con imposibles.

Era maravilloso escuchar a los revolucionarios del 68 francés gritar en las plazas y los bulevares de París aquéllo de «seamos realistas, pidamos lo imposible». Hoy, en España, lo esencial es pedir lo posible, porque la gente está harta de sueños imposibles y tiene necesidad de despertar de un relato de éxito, el de la Transición, que se ha cuarteado entre las manos torpes de los autocomplacientes.

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