Reforma local: entre la torpeza y el parche populista

Tertulianos, políticos y economistas alimentan de un tiempo a esta parte el asunto de la estructura territorial de nuestro país como una reedición del famoso debate sobre el orteguiano “Ser de España”. Aunque con menos filosofía que nuestros ancestros y más motivación económica en tiempo de reformas hacia ninguna parte.
Especialmente activo ha sido el debate sobre la reforma de la administración local que Rajoy escenificó entre un tumulto de medidas de diverso pelaje con las que buscaba la complacencia palaciega del eje Bruselas-Francfort-Berlín: anuncios sobre anuncios en los que se anuncian nuevos anuncios de recortes anunciados para cumplir los objetivos de déficit anunciados…y prometidos.
El caso es que, después de analizar el texto de la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que circula por la red, queda la sensación de que se puede perder una oportunidad histórica para intentar poner algo de cordura en la cuestión.
Es evidente que existe un foco de hartazgo ciudadano que se sitúa en las comunidades autónomas, y ello eclipsa la necesidad de abordar un debate global, en el que también esté presente el futuro de la administración local. Es evidente que la derecha ha convertido el debate de las autonomías en el eje de un discurso que cala bien en la ciudadanía, aunque al descrédito se haya contribuido con los errores cometidos en el proceso autonómico, sin techo definido ni horizonte claro y demasiado expuesto a los interés políticos de un corto plazo en el que los hiperliderazgos y las baronías consolidaban corralitos de poder. Reconocer los errores en este sentido, es el paso previo para rearmar moralmente a quienes defienden y defendemos un modelo autonómico más racional y útil a España.
Pero este interesado debate, aleja de los focos la necesidad de abordar una reforma profunda del sistema local español, aquejado de vicios tan perversos –o mayores- que el estado de las autonomías, pese a no ser tan mediático el debate.
Porque aquí se encuentra un elemento a tener en cuenta: el debate de la “barra libre y el despilfarro” del modelo autonómico constituyen la clave en un relato interesado, en el que el desbarajuste autonómico tapa todo lo demás. Incluido el debate sobre la administración local.
Porque una vez reconocidos los errores cometidos en el proceso autonómico es hora de juzgar qué se ha hecho en el ámbito local. Por qué hemos diferido el debate sobre la financiación; por qué seguimos sin saber definir con claridad el catálogo de materias sobre las que tienen competencia las entidades locales y –más importante si cabe- el núcleo de servicios de obligada prestación y que configuran, o al menos deberían, auténticos derechos subjetivos para los ciudadanos, exigibles incluso en vía judicial. O cuál es la función concreta y tasada de las diputaciones provinciales.
La atracción mediática que genera el estado de las autonomías, juega a favor del inmovilismo en el debate sobre la estructura territorial del estado en materia local. A casi nadie le interesó en este periodo tocar lo que funcionaba sin demasiadas estridencias. A los grandes, porque el caladero de alcaldes y concejales proporciona una masa de maniobra adecuada al funcionamiento de estructuras partidarias. A los nacionalistas, porque el debate local desvía el tiro sobre reivindicaciones territoriales de más enjundia y les distrae de los objetivos políticos estatutarios.
Alguien debería reparar en la urgencia del debate sobre la reforma de la administración local. Y hacerlo con más rigor que Rajoy, empeñado en halagar los oídos de una ciudadanía deseosa de escuchar medidas de recorte de la clase política. Una ciudadanía a la que no se debe engañar con ideas sacadas de una chistera que esconde la verdadera reforma que es precisa en un terreno en el que nada o casi nada se ha hecho desde 1985. Alguien debería alertar por ejemplo, del hecho de que nuestra gran debilidad económica, nuestro verdadero factor diferencial –el boom inmobiliario- encuentra muchas conexiones con la necesidad de muchos ayuntamientos de encontrar fuentes de financiación atípicas con las que alimentar sus arcas en el periodo 2000/2007.
Alguien debería reparar en que el proyecto de reforma de la ley de Bases que prepara Rajoy, se centra en potenciar una figura, las diputaciones provinciales, dotadas de una artificial solera construida sobre lugares comunes, sin ningún rigor analítico que demuestre su utilidad real ni su actuación al servicio de un interés provincial que vuelve a consagrarse en el proyecto de reforma de Rajoy como elemento mágico que va a solucionar los problemas del régimen local español.
Alguien debería cuestionar abiertamente qué les ha impedido hasta ahora –a las diputaciones – ejercer las funciones que la Ley de Bases les atribuía en su artículo 35 o qué aportará un nuevo marco normativo que consagra lo que ya existe y no se ha hecho desde gobiernos provinciales más empeñados en pasar a la pequeña historia provincial por realizaciones ajenas a su razón de ser para las que carecían de base competencial real.
Alguien, en definitiva, debería alertar sobre una atomización de lo local en España. Más de 8.100 ayuntamientos, casi 3.000 entidades locales menores y 38 provincias de régimen común. Porque es ahí donde se encuentra el verdadero campo de actuación y no –exclusivamente- en quitar concejales para que un Presidente mediocre se dé un efímero baño demagógico de vítores entusiastas de la caza del político. No es que no haya que reducir concejales; quizás también haya que reducir, integrar y coordinar –de verdad- administraciones.
En los últimos veinte años todos los grandes países de la Unión Europea se han embarcado en proyectos de racionalización de sus administraciones locales. Algunos, como Dinamarca, reduciendo el número de municipios de casi un millar hasta 95 en unas décadas. Otros, como Francia, impulsando las “intercommunalité” y abordando múltiples iniciativas en este ámbito.
Es difícil encontrar un país de la UE en el que haya existido mayor inmovilismo que el nuestro en el debate sobre la administración local. Porque al margen de retoques estéticos y retóricos sobre el gobierno local, poco se ha avanzado en una cuestión esencial para un país como el nuestro.
Ciertamente, es difícil abordar un debate sereno en torno a una cuestión sensible como ésta. A fin de cuentas, el elemento local, el sentimiento de pertenencia a un pueblo tiene más de espiritual que de racional. Pero si algo deberíamos empezar a superar es el miedo atávico a tocar lo que parece intocable. El temor a remover estructuras que, no por antiguas, casan mal con una ordenación racional de los servicios que toda sociedad demanda en el momento actual. Comparto plenamente el diagnóstico de Felipe González en torno a las diputaciones provinciales, instituciones respecto de las que llevamos treinta años intentando descubrir sus virtudes y encaje en el sistema local, y que constituyen un raro ejemplo de administración casi totalmente ajena a los principios de corresponsabilidad fiscal por los que han de guiarse el resto de administraciones públicas.

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