Reforma local (II): competencias locales y provinciales

Si ayer nos centramos en el suculento papel que la reforma local que prepara el gobierno deparaba para las diputaciones provinciales, hoy quería repasar, de forma somera, lo que dice la reforma sobre las competencias municipales, sobre lo que tienen  y no tienen que hacer los ayuntamientos y la provincia.

Huyendo de tecnicismos, parto de una distinción que no todo el mundo tiene suficientemente clara, fuente de confusiónl en este terreno. No se tiene un competencia per se. Lo que se tiene es cierto grado de competencia sobre un ámbito material concreto, y es en ese ámbito, donde el legislador, autonómico y estatal, puede concretar -con tal o cual grado o intensidad- la forma en que interviene el ayuntamiento sobre una cierta materia. Y es que  la competencia es la medida de la potestad, el alcance de la acción de gobierno sobre una materia concreta: cuánto puede hacer uno sobre algo y qué herramientas puede emplear para ello.

Si hago esta salvedad inicial, es porque el municipalismo irredento ha confundido estos términos, contribuyendo a llenar una reivindicación justa, asociada a la carestía de recursos y la indefinición de las fuentes de financiación de los ayuntamientos, de un tono copado por muchos demagogos al grito de las competencias impropias ejercidas, con una merma cuantificada en el 30% del presupuesto municipal.

El rigor en la reivindicación nos puede colmar de razón en una demanda. Su ausencia, nos resta credibilidad.

El marco competencial de los ayuntamientos, tanto en la vigente ley como en el texto del anteproyecto, se articula en tres bloques:

1.- art. 25.1, cláusula de competencia universal.-  se mantiene inalterado en el anteproyecto el célebre pórtico competencial que habilita al municipio a actuar casi en cualquier materia, bajo la pintoresca justificación de la satisfacción del interés de la comunidad vecinal. Lo pintoresco no es la formulación en sí, sino que se mantenga como tal en un texto que se “vende» como la quintaesencia de la concreción competencial.

2- art. 25.2, competencial locales.- amplio catálogo de materias, más concreto en el anteproyecto, sobre el que el ayuntamiento podrá ejercer ciertas competencias que quedan sometidas a lo que disponga el legislador sectorial estatal y autonómico. La ausencia de cautelas en este ámbito es responsable, entre otros del calvario económico ocasionado por figuras endiabladas, como los famosos convenios de financiación tan decreciente que termina en cero euros.

3.- art.26, servicios obligatorios.– catálogo de servicios de obligada prestación, estandarizados por población, que siguen el mismo esquema que en la norma vigente, con alguna actualización políticamente relevante en el terreno de los servicios sociales, por ejemplo.

Interesa decir respecto a lo ya expuesto, que no hay ningún cambio sustancial en el sistema, más allá de la mayor concreción del art. 25.2. Pero el sistema, en conjunto, sigue siendo igualmente indefinido y mantiene las mismas vías de escape para el ejercicio de actividades difusas al amparo de la débil cobertura que en último término proporciona el artículo 25.1

Lo más significativo de la propuesta de reforma en este ámbito, se encuentra en el artículo 26.2, en el que se establece, como coartada para la asunción de un servicio local obligatorio por parte de una diputación provincial, una estandarización que el legislador entrega al ejecutivo, para que este, mediante real decreto (¿?) diga cómo se deben prestar tales servicios, dejando a continuación expedita la entrada a la diputación provincial para que sea ésta, la que asuma la titularidad de la competencia para prestar tal o cual servicio que no se ajuste a dichos estándares que, repetimos, define el gobierno por decreto, y no el parlamento mediante ley.

Por último, el párrafo 4 del artículo 26, en un extraño ejercicio de clarividencia al respecto, define los ámbitos materiales sobre los que se despliega, de forma preferente, el manto protector del gobierno provincial, convertido de este modo  en prestador subsidiario del núcleo esencial de los servicios obligatorios municipales.

Bastante divagamos ayer sobre la cuestionable legitimidad democrática de un gobierno, el de la diputación, que no es elegido directamente por el ciudadano. Baste señalar que el texto de la reforma dedica escasas líneas al título III de la vigente ley, el dedicado a la provincia. Y sólo lo hace para concretar con más claridad un catálogo de competencias provinciales sustancialmente inalterado.

En este terreno, lo interesante de la reforma no es tanto lo que dice, sino lo que mantiene con su silencio, especialmente significativo a la hora de abordar lo relativo a instrumentos obsoletos de planificación de infraestructuras superados por el tiempo, como los planes provinciales de obras y servicios. Que la redacción de este apartado permanezca inalterada es una prueba evidente de la intención de un legislador más preocupado por la creación de un potente sector local estandarizado a través de la articulación de nuevos oligopolios empresariales enraizados en el ámbito provincial, que de impulsar mecanismos novedosos para introducir a las diputaciones en el siglo XXI.

En un momento de cambio y adaptación impuesta por la crisis económica, la apuesta por figuras superadas por el tiempo y centradas en un modelo productivo generador de más gasto en el ámbito local, como el que se cimenta en torno a los planes provinciales, revela cuánto hay de artificioso en el reiterado impulso reformista del gobierno.

Para cerrar el círculo del absurdo, el mantenimiento de un ámbito competencial provincial fundamentado en la satisfacción de los intereses peculiares de la provincia, dejando  inalterado artículo 36.1 e),  consagra el modelo político de diputaciones descubridoras de competencias tan sui géneris como las que conducen a las pistas del aeropuerto de Castellón…¿acaso aquí no son necesarias las prevenciones que sí despiertan los ayuntamientos?

Pese a que el texto tiene algunas mejoras en lo relativo a garantizar, por ejemplo, que la delegación de competencias en los municipios se ajuste a una evaluación previa y rigurosa del coste en el proceso de transferencia, el sentido global de la reforma queda totalmente desdibujado por el texto en su conjunto, repleto de carencias y profundamente regresivo.

Carencias que  lo convierten en una coartada para articular un desapoderamiento del suelo competencial básico de los ayuntamientos a favor de otras instancias, por medio de vías subrepticias, como decretos de estandarización y el reconocimiento de una titularidad competencial subsidiaria de una diputación para la prestación de servicios públicos básicos.

Se trata por tanto, de una ley que no clarifica el marco competencial de los ayuntamientos. Y que, al intentar hacerlo dando entrada a las diputaciones provinciales, magnifica el papel de las mismas y disfraza de falsa austeridad los argumentos esgrimidos para transferir el poder a instancias políticamente más controlables y previsibles que los ayuntamientos.

Una reforma en definitiva, con poco sentido para un momento en el que un auténtico afán reformista no debería ocultarse tras cifras grandilocuentes que buscan la comprensión ciudadana a golpe de titular.

 

 

Facebook Comments

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.