Me entretengo en esta mañana anodina en repasar los programas nacionales de reformas elaboradas por el gobierno de España para los años 2012 y 2013, en un momento en que cada viaje a Bruselas era un martirio para un país con la prima de riesgo por encima de los 500 puntos y los severos alemanes urgían reformas a gritos.

 Son los típicos mamotretos redactados por los segundos niveles de los ministerios a propuesta de sus titulares, requeridos estos a su vez por la vicepresidenta en Consejo de Ministros. Apremiada esta, dicho sea de paso, por las instancias comunitarias que tuvieron que lidiar con lo más duro de la crisis del euro en esos turbulentos meses en los que se clamaba por reformas inmediatas y cuantificadas para taponar la brecha del déficit desbocado.

Como siempre, cuando uno lee un documento de compromisos, dos años después de su redacción, se topa con un listado de tareas que prometen ingentes ahorros para la corrección del déficit.  El redactor, presionado por el ministro, no escatima en sus previsiones. El papel lo aguanta todo, y los memorándum de intenciones permiten poner negro sobre blanco grandiosos objetivos que se van a conseguir a golpe de simple proyecto de ley.

Y allá va el legislador. Libro blanco de por medio, comisión de expertos para tecnificar intenciones y texto articulado que solventa por arte de magia los males de siglo y medio de caos, por ejemplo, en materia de administración local.

No alcanzo a reconocer de donde viene la pasión legisladora de la política española. Quizás venga del secreto orgullo de que un texto normativo perpetúe el apellido de uno (ley Corcuera, ley Moscoso, ley Sinde) más allá del paso por el ministerio.

El legislador se sumerge en una plantilla previa -exposición de motivos, principios generales, órganos de interlocución de grandilocuente nombre, un par de fondos instrumentales de subvenciones, listado de materias y un capítulo de infracciones y sanciones- para afrontar la materia con un flamante texto articulado al que se bautiza de forma beatífica.

Por ejemplo, “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.

Nadie puede resistirse ante una ley que incluye términos tan de sentido común como racionalizar y sostener. Así se bendice un texto llamado a ser la panacea del maltratado ámbito local español, y pórtico de gloria para hacer realidad esa sentencia tan de Rajoy que tan bien entra por los oídos de los cabreados españoles: una administración, una competencia.

Luego llegan los jarros de agua fría. Los ahorros prometidos no se terminan de ver, aunque eso tampoco importa mucho si Bruselas pone el foco en otro paria; que las miserias ajenas esconden las propias. O los gobiernos autonómicos, desmantelando el espíritu de la ley, por ejemplo blindando competencias que no quieren, por costosas, incómodas y poco atractivas.

 Nunca olvidaré la cara de espanto de algún consejero de bienestar social cuando le decía que el Pacto Local debía incluir una transferencia de servicios de lo local a lo autonómico que tenía que sufragar su departamento. Gesto de pánico, que las competencias las carga el diablo. “Bonitas y lucidas, las quiero. Las desagradables, que las presten otros”, me decía.

En España se sigue creyendo en el poder de legislar con la misma fé con la que se cree en el poder del sanador que impone sus manos para curar males del alma. Y el problema no es la carencia de un marco legislativo, sino la depreciación acelerada del concepto de la propia ley.

El ciudadano necesita creer que una ley tiene la fuerza mental y el poder material que su solo nombre -ley- implica. Y que nos somete a todos por igual a su imperio, sin puertas traseras ni disposiciones arteras.

Se trata de ejecutar lo que dispone, de que sea eficaz, que no tenga cláusulas de escape que desvirtúen sus efectos y permitan que la temida arbitrariedad vuelva a hacer de la seguridad jurídica en España una quimera que conduce a laberintos judiciales y da vía libre a conseguidores encargados de gestionar procesos complejos con una frase del tipo “esto lo desbloqueo yo con una llamada”.

 Si además no tiene fondos que hagan posibles los principios que positiviza -dependencia, violencia de género, garantías sanitarias, calidad educativa- estará destinada a morir casi al día en que fue alumbrada en un celebrado parto parlamentario que pontifica el BOE.

Obviamente la Ley local del gobierno ni sostiene ni racionaliza. Intenta taponar torpemente lo que considera como un gasto innecesario cuando, de existir,  el mismo se radica en la pervivencia de otras administraciones clientelares decimonónicas, y no en el cierre de consultorios locales.

Pero, además de ser una ley perversa e ineficaz, revela lo peor del caudillaje legislativo hispánico. Ese que asocia el éxito político a la existencia de un texto articulado, convertido en panacea sanadora de males complejos a base de palabras que, sólo por quedar impresas en el BOE, van a curar enfermedades que hunden su raíz en algo mucho más profundo que la inexistencia de un marco legislativo.

Ni más ni menos que en la devaluación del concepto de ley y la sensación generalizada entre la gente, que sólo con palabras no se solventan los males que aquejan a un país que se engaña a sí mismo a base de leyes que ni regulan, ni se obedecen, ni se aplican. Y que no son iguales para todos.

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