Justicia que se implora y que se paga

¿Qué tienen en común la recogida de las basuras y el acceso a la justicia? Desde hoy que en ambas actividades, el estado nos cobra una tasa. La primera, es un servicio que todo ciudadano reclama y paga al ayuntamiento del que lo recibe, por mandato de una ley ordinaria. El segundo es todo un derecho constitucional. Ahí es nada.

Si tengo cierta fijación con la Carta Magna es porque hasta no hace mucho me seguía creyendo la solemnidad que investía a este compendio de 178 artículos en los que la santificada transición española codificaba el tránsito del gris franquista al color de la libertad.

En estos tiempos de lapidarias expresiones hechas (hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no se puede gastar lo que no se tiene, etc), con las que el gobierno se ahorra el tener que dar más explicaciones de las necesarias por sus hachazos, repasar el texto constitucional empieza a parecerse a un ejercicio de cinismo, contrastando el contenido de la norma y el mundo real que intenta regular.

Así, el acceso efectivo a la justicia, como poder independiente que garantiza el libre ejercicio de los derechos, siempre fue un elemento esencial para identificar no ya a una democracia formal, sino a una democracia real, en la que el papel en el que se escribe la ley se sustenta tanto en la capacidad del estado para hacer cumplir las leyes como en la capacidad  de todo ciudadano de reclamar en los tribunales dicho cumplimiento.

Por eso, la norma que limita el acceso a la justicia mediante una disparatada colección de tasas que impulsa el gobierno Rajoy entraña más daños por la filosofía en que se sustenta que en la fría descripción de la exposición de motivos de la ley por la que se impone.

Se dice que la tasa persigue desincentivar el acceso a la vía judicial, como medida para paliar el colapso endémico en los tribunales españoles. Se dice que, con ello, se pretende reducir la afición a pleitear que, por lo visto, todo español lleva en la sangre; algo así como la tapa y la siesta. Parece que tal abuso es causante de todos los males de un sistema que ha vivido, por ejemplo, de espaldas a la revolución tecnológica que ha cambiado nuestro mundo en el último cuarto de siglo y que acumula pésimas valoraciones en encuestas de opinión y estudios independientes.

Los fundamentos del acceso a la justicia remiten a una formulación pegadiza: tutela judicial efectiva. Tal que así la define el artículo 24 de la Constitución. Ahora, este derecho estará sujeto al pago de una tasa que a quien va a desincentivar es  a quien menos recursos tiene. Que es también, por cierto, quien menos pleitea, y por tanto, quien menos puede contribuir al colapso de un sistema. No sé cual será el criterio del ministro de justicia. El mío es que la gente sencilla y con recursos económicos más bien escasos, que es mayoría en este país, huye de procedimientos judiciales y tribunales. Intenta reparar entuertos y hacer valer sus derechos por todos los medios posibles antes de enfangarse en abogados y procuradores que le lleven al estrado delante del juez.

Lo que está haciendo, el gobierno con esta medida, no es sólo limitar el derecho a la justicia. Se limita su ejercicio por parte de la gente corriente. La otra, la verdaderamente culpable del colapso de los tribunales, no tendrá problema con una tasa que se convierte en muro infranqueable para la mayoría.

Puede que la medida limite el insoportable retraso con el que se ventilan los asuntos en los atestados juzgados españoles, lastrados para siempre con esa imagen decimonónica de legajos amontonados en depósitos improvisados. Pero si tal limitación se da, será a costa de convertir en invisibles a millones de ciudadanos para los que la justicia será artículo de lujo. Y sus beneficiarios, serán los de siempre.

Quizá dentro de un año, comparezca el ministro de justicia para exponer, ufano, la reducción de los tiempos de resolución de los asuntos y, por tanto la bondad de la medida.

Una medida que elimina de las listas de usuarios de algo tan elemental en democracia, como la justicia a millones de personas sin recursos. Así consiguen mejorar las ratios los malos gestores: eliminando demandantes.

Insisto, con la mirada perdida y llegando a una inquietante conclusión.Tasa es lo que pagamos para deshacernos de la basura. Y tasa será lo que paguemos por implorar, no ejercer, el derecho a la justicia. Curioso paralelismo que iguala dos servicios públicos.

Desde hoy, en España, siento mucho más respeto por el primero.

 

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